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Opinión
Página: 5ª
Por: Cecilia María Vélez White
Para ser competitivos todavía estamos muy lejos de los que obtienen los mejores resultados y representa un gran reto el mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y la competitividad del país.
La amplia discusión planteada en el marco de la construcción del Plan Decenal de Educación 2006-2016 puso en evidencia el interés de los colombianos en la forma como se evalúa el aprendizaje y como se realiza la promoción de los estudiantes y, ante la reacción sobre el sistema de evaluación reglamentado en el decreto 230 (de 2002) en el 2008 convocamos un debate nacional. Talleres, foros regionales, el Foro Nacional, la participación en el portal Colombia Aprende y la consulta en la página del Plan, brindaron el escenario para la participación de 48.968 personas.
Escuchamos todas las opiniones: la de los padres que, en muchos casos, no entienden o no comparten la evaluación; los estudiantes, que no sienten bien valorados sus esfuerzos y los educadores, para quienes la evaluación está ligada a su propuesta pedagógica. Quedó claro que la comunidad educativa reconoce una relación estrecha entre calidad y evaluación y que esta última debe responder al proyecto pedagógico.
La apreciación sobre el "impacto negativo" del Decreto 230 en la calidad de la educación no está comprobada. Los indicadores muestran que, paralelo a un aumento significativo de cobertura; en las pruebas internacionales hay un mejoramiento en la calidad en términos relativos. Entre 1997 y 2007 Colombia mejoró su posición al ubicarse por encima del promedio regional en lectura y matemáticas. En la prueba TIMSS (1995-2007) el promedio de los estudiantes colombianos mejoró en 20 puntos en matemáticas y ciencias, siendo este avance el segundo más significativo entre los países que presentaron la prueba. Sin embargo, para ser competitivos todavía estamos muy lejos de los que obtienen los mejores resultados y representa un gran reto el mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y la competitividad del país.
Mejorar la calidad y recoger las posiciones del debate es lo que buscamos con este decreto. Teniendo en cuenta que la Ley 115 estableció la autonomía de las instituciones, que la posición mayoritaria expresó la necesidad de que la evaluación responda al enfoque pedagógico, extendimos la autonomía a la evaluación. En la nueva reglamentación se establecen los elementos que constituyen el sistema en cada institución: objetivos, escala de valoración (equivalente con una nacional para facilitar la movilidad de los estudiantes), criterios de promoción e instancias de resolución de diferencias.
También se regula la forma en que el Estado ejerce su responsabilidad de fijar estándares comunes y evaluar la calidad educativa, propósito de la Revolución Educativa. Hemos definido los estándares de competencias básicas y ciudadanas para todos los niveles y a través de pruebas periódicas medimos el desempeño de los estudiantes. El ICFES, desde 2006, evalúa cada tres años el desempeño de los estudiantes de 5º y 9º. Y el examen del ICFES proporciona información sobre la calidad de los alumnos que terminan el bachillerato.
Aunque no está exento de controversias, estamos seguros de estar entregando al país un decreto maduro, producto del aprendizaje y la reflexión, consecuente con la convicción de que las decisiones pedagógicas son del ámbito de las instituciones educativas y están en cabeza de los docentes, con la participación de padres y estudiantes.
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