Fecha de publicación:Miércoles, 12 de Diciembre de 2007
Medio que publica:El Universal de Cartagena
Sección:Local / Regional
Género periodístico:Reportaje
Autoría:Sin firmar
Celulares en el aula, pero con reglas

Cartagena
Página 12

Katherine Navarro Mendoza salió el pasado lunes del anonimato y su caso se convirtió en pieza clave del rumbo que tome la reglamentación del uso de celulares en las aulas.

Katherine, estudiante del colegio José Arnoldo Marín, fue expulsada de esa institución tras ser sorprendida vendiendo minutos de su teléfono celular. Las directivas le decomisaron el aparato y tras los reclamos de los padres de la joven, le fue devuelto. Sin embargo, Katherine fue expulsada porque según las directivas, pocos días antes de que se presentara el hecho, habían incluido en el manual de convivencia la prohibición del uso del teléfono móvil en el colegio. La menor estaba violando el reglamento interno, y de paso debía dos años de pensión, según las directivas del colegio, razón suficiente para expulsarla.

Según la Corte Constitucional, los colegios tienen que adecuar sus manuales de convivencia para no cometer atropellos contra los estudiantes.

El reclamo de la familia no se hizo esperar. Al no prosperar una reclamación ante la Secretaría de Educación, instauró una tutela pidiendo la protección de los derechos al debido proceso y la educación.

La tutela fue fallada en contra de la estudiante en dos instancias y pasó a revisión de la Corte Constitucional, que en un fallo revelado el lunes determinó que el colegio violó los derechos de la estudiante.

Según expuso el colegio, la estudiante no fue expulsada, sino que su padre la retiró voluntariamente luego del incidente.

También se defendió diciendo que Katherine no era estudiante regular puesto que se le había permitido tomar las clases del grado 11º en calidad de asistente, porque sus padres debían el valor de la matrícula.

A reglamentar

Este caso no hubiera pasado de ser uno de los tantos que llegan a la Corte, si no es porque toca una situación que se ha vuelto generalizada y problemática en colegios y universidades: el uso de teléfonos celulares en las aulas.

La Corte consideró que en la expulsión de Katherine Navarro Mendoza se violó el debido proceso porque el colegio no había socializado suficientemente el manual de convivencia. Estos manuales no sólo tienen que ser de conocimiento de la comunidad educativa, sino que deben ajustarse a la Constitución.

En los manuales se deben definir las sanciones y el procedimiento que se seguirá a quienes incurran en las faltas definidas por el colegio, así como las garantías que tiene el estudiante en el proceso disciplinario.

En colegios de la ciudad

Ya son varios los colegios públicos y privados que han modificado sus manuales de convivencia para incluir la reglamentación del uso del teléfono celular al interior de los planteles.

Joaquín Rodelo, coordinador del colegio Salesianos, dijo que a raíz de los problemas que tuvieron con los estudiantes por el uso de los teléfonos en clase, decidieron modificar el manual.

"Cada año hacemos una actualización del manual y le preguntamos a los estudiantes qué creen que debe incluirse. Esta vez la petición fue el uso de los teléfonos celulares. Fue un ejercicio largo pero al final pudimos ponernos de acuerdo", dijo el Coordinador.

Con la opinión de docentes y padres de familia, se estableció que los estudiantes sólo podían hacer uso de los aparatos en las horas correspondientes a los descansos.

"En clase los celulares deben estar apagados o en silencio. No pueden contestarse bajo ninguna circunstancia", agregó Rodelo.

De hacerlo, serían sancionados, y el teléfono podría ser decomisado dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.

Además de la reforma al manual, tuvieron que realizar toda una campaña pedagógica para que entendieran cuál debía ser el verdadero uso del teléfono celular y el porqué de la medida.

"Cuestionaban todo. Decían que si los médicos interrumpían consultas por una llamada por qué ellos no podían interrumpir. Fue un trabajo largo pero ya entendieron que hay lugares y momentos para todo", dijo Rodelo.

Usos frecuentes

Según el docente la mayoría de las interrupciones telefónicas en clase era por conflictos amorosos. "Una vez un estudiante recibió más de diez llamadas de la novia en una hora de clase porque estaban de pelea y quería pedirle perdón. Otro pasó todo un bloque de matemáticas mandándole mensajes de amor a una niña que le gustaba".

Los teléfonos también sirven para hacer trampa en exámenes.

Rodelo explicó que los estudiantes le tomaban fotografías a los exámenes y se los pasaban de teléfono a teléfono para que estudiantes de otros cursos se los resolvieran.

"Hay muchos que tienen teléfonos que hacen de todo. Tienen Internet y otros recursos que hacen más fácil la copia", agregó el coordinador.

Responsabilidad de los padres

Para el docente, los padres tienen parte de responsabilidad en el problema, pues no les ponen límites a sus hijos frente al uso del celular, y eso hace más complicada la labor del colegio.

"Hay niños de siete u ocho años con teléfonos que cuestan casi un millón de pesos y que son de uso ejecutivo como las "blackberry". ¿Qué tiene que hacer un estudiante de esa edad con un aparato de esos en el colegio?", expresó Rodelo.

Por eso la campaña pedagógica también ha sido extendida a los padres para que sean más estrictos con sus hijos con respecto al uso y tenencia de estos aparatos.

En colegios oficiales

Si bien el número de estudiantes con teléfonos celulares en los colegios oficiales es más bajo que en los privados, estas instituciones también se han visto en la necesidad de reglamentar su uso.

"Son varios los que andan con estos aparatos y uno que otro con venta de minutos", dijo Rodelo, quien también es coordinador en la Institución Educativa José De la Vega.

En enero del próximo año se realizará la actualización del manual para incluir la reglamentación de los teléfonos celulares y las sanciones por incumplimiento.

"Tenemos el apoyo de unos abogados que nos están asesorando para saber jurídicamente qué podemos hacer y qué no. La idea es no violarle a los estudiantes su debido proceso", agregó.

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