La tendencia internacional en la búsqueda de nuevos recursos para financiar la educación superior se basa en compartir los costos entre el Estado y la familia del estudiante. Así lo expresó Paulo Santiago, analista senior de la División de Políticas de Educación y Capacitación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con el experto, actualmente hay una necesidad de buscar recursos no gubernamentales debido a una mayor demanda y expansión de los sistemas de educación superior, a una reducción en los recursos públicos que compiten con otros sectores (como salud, infraestructura, pensiones, entre otros) y a un incremento en los costos por estudiante.

El analista señaló que "aquellos que se benefician deberían contribuir con los costos de la educación superior. Además, que los ahorros públicos de contribuciones individuales se pueden canalizar para mejorar la equidad en el acceso y que las tasas de matrícula como mecanismos de mercado también pueden mejorar la eficiencia".

En países como Islandia, Japón, Turquía y Canadá existe una mayor participación del gasto público en educación superior a través de créditos. Una tendencia que los gobiernos están promoviendo a través de una serie de esquemas basados en un fondo público de préstamos y créditos provistos por bancos comerciales con subsidios o garantías públicas.

En la mayoría de los países miembros de la OCDE, de la cual no hace parte Colombia, las fuentes externas de financiamiento, diferentes a las tasas de matrícula, tienen una participación importante. Además, los sistemas de crédito con pago contingente al ingreso, son especialmente atractivos, pero se requieren algunos prerrequisitos para una implementación exitosa.

Los retos
Uno de los principales desafíos que afrontan los gobiernos para financiar la educación superior consiste en asegurar niveles de financiamiento suficientes para permitir que las instituciones de educación superior cumplan con las expectativas de crecimiento de la sociedad y que respondan a la creciente demanda de estudiantes en un contexto de presupuestos restringidos.

"Los gobiernos buscan diseñar propuestas de financiamiento que sean consistentes con las metas de política que persiguen los sistemas de educación superior. Esto incluye la introducción de elementos de financiamiento dirigidos hacia el desempeño y los resultados", agregó Santiago.

En el análisis que hace la OCDE, sobre los retos para la financiación de la educación superior, el organismo plantea la necesidad de desarrollar instrumentos de direccionamiento para establecer el balance entre autonomía institucional y rendición pública de cuentas. Además, de la necesidad de diseñar mecanismos de costos compartidos que no afecten la participación de los grupos más desfavorecidos, en particular a través del desarrollo de sistemas de apoyo financiero para estudiantes.

Finalmente, la recomendación del organismo es usar adecuadamente los fondos públicos, debido a que existe una ineficiencia de los sistemas en las que se incluye altas tasas de deserción, tiempo de finalización excesivo, duplicación de programas, baja matrícula a programas y el uso insuficiente de colaboración institucional.

La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Paulo Santiago es el director de Proyecto para el Examen Temático de Educación Superior, con una participación de 24 países; es gerente de Proyecto para la Revisión de la OCDE en la Evaluación y Marcos para Mejorar los Resultados Escolares y es coordinador de la Revisión de la Formación Profesional en México y el Examen de Evaluación de Maestros en Portugal.

Las nuevas tendencias internacionales de financiamiento de la educación superior fueron presentadas en el marco del Foro de Financiación para la Educación Superior, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual inició el martes 2 de marzo y finaliza el miércoles 3 de marzo, en el Hotel Marriott, de Bogotá.