Con auténtica emoción la comunidad educativa colombiana vivió durante los últimos años la discusión entorno a la manera como se debían evaluar los aprendizajes escolares, todo materializado en el controvertido Decreto 230. Producto de un proceso incluyente y participativo en todo el país, ahora leemos atentos el nuevo Decreto reglamentario 1290, que si bien tiene muchas cosas interesantes para rescatar, también tiene algunas objeciones que sería pertinente mencionar.

Para nadie ha sido un secreto el hecho de que algunos padres de familia suelen dejarle al colegio toda la carga educacional sin reparar en que ellos son co-partícipes que deben concurrir responsablemente con la educación y formación de sus hijos; el decreto establece unos deberes para los padres y promueve la interlocución entre éstos y sus hijos: ¡qué buen paso! Qué buen acicate para que acudan, acompañen, discutan y construyan como miembros de la comunidad educativa, que por derecho propio son. Colombia debería proponerse ser un país modelo en participación y comunicación casa-colegio, para que las metas y fines de la educación y la valoración de éstos sea cada vez más integral.

Y de lo dicho con anterioridad, no sobra resaltar, como lo hace el Decreto, que evaluar es "valorar". Muchos recordaremos el foro del 2008 entorno a ese lema y sentiremos cierta satisfacción al ver que la norma subsume y acoge la necesidad de enfocar la evaluación no mera herramienta de control sino como un medio útil para saber cómo vamos, qué tenemos y qué nos falta por mejorar. El estudiante avanza, recorre un camino que forja a su medida y en esa medida, es vital que sepa reconocerse a sí mismo como sujeto falible pero con potencial de ser mejor y de apropiarse el conocimiento y el saber-hacer porque lo siente útil y necesario. Y es allí donde la valoración no puede faltar.

Pero si reconocemos que el estudiante es sujeto activo y no un simple objeto de observación, cabría concluir que debe ser él parte imprescindible de la formulación o modificación del sistema institucional del establecimiento educativo. En este punto falla el Decreto, que concede unos derechos de conocimiento y le da, por otro lado, unos deberes de cumplir lo "impuesto", que es probablemente la palabra con carga emotiva que describe mejor lo que es el Decreto para un estudiante en ese punto. No basta con que el Consejo directivo lo decida, y que al estudiante sólo se le invite a conocer mediante una divulgación o una socialización; debe ser él quien construya su propia evaluación, en el debate dado con anterioridad al Decreto vimos el activo papel de los jóvenes, con propuestas muy interesantes que no pueden pasar de largo.

Finalmente, si bien los establecimientos educativos debe ser autónomos en sus decisiones, el Decreto, a mi juicio, da una libertad exagerada, no reglada ni controlada, para definir y adoptar la escala de valoración, que bien podría, irónicamente, no ser de "valoración" sino más bien de control y represión vertical. La "dictadura del rectorado", es una práctica que debe ceder a la participación de toda la comunidad educativa en la definición de los parámetros de valoración, para que ésta no se convierta en un rasero insuperable o, por el contrario, en un bache que deja pasar a todo el mundo, independientemente de los logros y metas alcanzados.