Su compromiso de apoyar los esfuerzos de los países de la región para enfrentar los posibles impactos de la crisis del sistema financiero internacional reiteraron este martes 4 de noviembre los máximos dirigentes a nivel regional del Sistema de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, particularmente en la lucha contra la pobreza y a favor de la inversión social.

En materia de política social, consideran imperativo proteger e incrementar el presupuesto público para reforzar las redes de protección social, como los programas de transferencias de apoyo a los sectores más vulnerables, educación, nutrición y salud materno-infantil.

En el marco de la reunión anual del Mecanismo de Coordinación Regional, presidida por la Vice Secretaria-General de la ONU, Asha-Rose Migiro, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena y los Directores Regionales de los Fondos, Programas, Oficinas y otras entidades de las Naciones Unidas, destacaron el compromiso expresado por los Jefes de Estado reunidos la semana pasada en la XVIII Cumbre Iberoamericana de "tomar las medidas necesarias para proteger el empleo y la inversión, garantizar la disponibilidad de financiamiento para las actividades productivas e impulsar políticas sociales que beneficien en particular a los sectores más vulnerables".

Los personeros reconocieron el firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Invitaron asimismo a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe, que verán mermados sus ingresos por la reducción de sus exportaciones y de las remesas de los migrantes. Dada la importancia de las ventas externas de productos básicos, se resaltó la necesidad de mantener abiertas las líneas de créditos a la exportación y a los productores agropecuarios. La reunión se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.

Señalaron que los países desarrollados deben fortalecer su compromiso con el establecimiento de un Pacto Global para el Desarrollo, parte integral de los ODM, particularmente en cuanto al desmantelamiento del proteccionismo comercial y a la concreción de sus compromisos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluido a los países de renta media.

Recordaron asimismo que las Naciones Unidas es el foro multilateral por excelencia para abordar problemas de carácter global como la actual coyuntura económica mundial, por lo que está llamada a jugar un rol insustituible en el proceso de reforma del sistema financiero internacional, asegurando de esa manera la participación de todos los países, especialmente los más pobres y vulnerables. Solicitaron a la Vice-Secretaria-General que transmita al Secretario-General la inquietud de relevar esto en la reunión del G-20 el 15 de noviembre próximo.

Al respecto recomendaron a los países de la región a participar activa y concertadamente en todas las instancias de debate que se desarrollarán en las próximas semanas, particularmente en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento y Desarrollo, que tendrá lugar en Doha, Quatar a fines de este mes.

Políticas públicas y sociales

En relación a las políticas públicas más adecuadas para salir de la crisis, los representantes de las Naciones Unidas propusieron apoyar el comercio intraregional y programas de infraestructura para generar empleo. Ello requerirá de un cuidadoso manejo fiscal que permita compensar, al menos parcialmente, la reducción de la demanda externa, sin poner en riesgo la estabilidad del nivel de precios internos. Aunque la región enfrenta esta crisis en mejor situación fiscal que otras en el pasado, no todos los países tienen la holgura en las cuentas fiscales para poder implementar políticas contra-cíclicas, por lo que deben recibir el apoyo de las instituciones financieras internacionales, sin condicionalidad.

En materia de política social, consideran imperativo proteger e incrementar el presupuesto público para reforzar las redes de protección social, como los programas de transferencias de apoyo a los sectores más vulnerables, educación, nutrición y salud materno-infantil. De esta manera, sostuvieron, se ayuda a reducir la deserción escolar y la desnutrición infantil, y se garantiza una mejor salud al binomio madre-hijo, a la vez que se asegura un mínimo de ingreso a las familias beneficiarias.

Todo esto debe estar acompañado de activas políticas de fomento a la producción a través, entre otros, de la incorporación de innovación a los procesos productivos y la diversificación de exportaciones, poniendo especial atención a los sectores agrícolas y de pequeña y mediana empresa.

La crisis financiera se suma al alza de los precios de los alimentos, y se estima que el número de personas subnutridas aumentó en unos 6 millones de personas en la región, lo que evidencia la relevancia de fortalecer la agricultura local y a los pequeños productores. En América Latina y el Caribe más de la mitad de la indigencia se concentra en áreas rurales, donde la agricultura familiar tiene un rol importante en el abastecimiento de alimentos, por lo que refozar a este sector contribuye a disminuir la pobreza rural y puede tener impactos positivos sobre los precios de los alimentos.

Al respecto hicieron un llamado a transformar la crisis en oportunidad, incentivando la inversión en una "economía verde", que permita avanzar en la creación de empleos dignos en todos los sectores, valorar los servicios que el medio ambiente presta y a la vez contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático.