Página Internet
Opinión

Armando Montenegro
Una de las iniciativas educativas más interesantes de los últimos años es la construcción de diez modernos colegios en Medellín, con amplias y cómodas facilidades para atender a jóvenes pobres de la ciudad, en las áreas de mayor violencia, una iniciativa que va a beneficiar a 20.000 muchachos, con lo cual, además, se asegurará la cobertura completa de la educación básica en la ciudad (la iniciativa, con un costo total de $160.000 millones, se complementará con la mejoría completa de las instalaciones de 132 colegios públicos de la ciudad).

Frente a una iniciativa semejante en Bogotá, la de Medellín tiene la ventaja de que reconoce que la buena infraestructura, por sí sola, no garantiza la solución de los problemas educativos. Aunque la construcción de buenas edificaciones es un paso en la dirección correcta, sobre todo en casos críticos, es obvio que se puede mantener una pésima educación en aulas modernas y bien dotadas (si se sostiene un modelo educativo defectuoso, centrado en malos profesores, sin incentivos, sin participación y vigilancia de los padres de familia). Si se piensa que una sociedad más equitativa exige una educación de buena calidad para los pobres, el planteamiento de los nuevos colegios tiene que ir más allá de la ingeniería y la arquitectura. Tiene que involucrar a la educación misma.

El alcalde Fajardo y el secretario Arango están evaluando distintas alternativas para revolucionar el modelo educativo de los nuevos establecimientos. En este momento, por ejemplo, están analizando la posibilidad de entregar la gestión académica del primero de los nuevos colegios, el Héctor Abad Gómez, completamente reconstruido y modernizado, a la Universidad de Antioquia, de tal forma que se pueda constituir en un verdadero ejemplo de una escuela pública para la ciudad.

Para los otros nueve se evalúan ideas semejantes. Se trataría de que otras universidades del país y del exterior, de acuerdo con esquemas flexibles y competitivos, se hagan cargo de la administración de la gestión académica, la capacitación de docentes y algunas funciones semejantes de los nuevos colegios. Las entidades que están en la lista corta de la Alcaldía, con las cuales ya se han sostenido diversos contactos, son la Universidad Nacional, la Universidad Bolivariana, el Instituto Tecnológico Metropolitano y los ayuntamientos de Madrid, Valencia y Barcelona.

El secretario Horacio Arango insiste en que, a través de las experiencias de los distintos gestores académicos, en pocos años la ciudad podrá contar con numerosos modelos (paradigmas) de la gestión educativa, de tal manera que las mejores prácticas podrán replicarse en los demás colegios públicos de la ciudad. Con los distintos sistemas de medición de rendimientos (los exámenes del Icfes, las pruebas Saber, entre otros) se podrán comparar, año tras año, los resultados de los nuevos colegios frente a los del resto de la ciudad. Así se podrán ampliar y apoyar las mejores experiencias y corregir las menos exitosas.

La relación entre la Alcaldía y las universidades a cargo de los colegios estará regida por medio de contratos, en los cuales se consagrarán las distintas obligaciones y derechos de las partes. La dirección general de la administración quedará a cargo de la Alcaldía, junto con el pago, la evaluación general y la supervisión de las experiencias. Las distintas funciones académicas serán atendidas por las universidades a cargo de los colegios (serán, en síntesis, una variante de los contratos de concesión implantados en Bogotá desde hace algunos años).

Este interesante experimento, una respuesta concreta del Estado a las necesidades de los grupos más pobres de Medellín, merece el máximo apoyo de la ciudadanía y la cuidadosa atención y seguimiento de los interesados en la renovación de la educación en Colombia.