Patricia Martínez Barrios, Directora General del Icfes, considera que el Plan de Inspección y Vigilancia ha permitido articular el esfuerzo del Ministerio y el Icfes, para fomentar la calidad en las Instituciones de Educación Superior, y posibilitar un ejercicio más calificado de la función de Inspección y Vigilancia.

Al Tablero: ¿Qué es lo más importante en ese proceso?

Patricia Martínez. Para nosotros lo más importante es garantizar que el trabajo de las Instituciones de Educación Superior se esté dando en condiciones de calidad, es decir, que las licencias que se han otorgado para su funcionamiento y el de los programas se trabajen de acuerdo con unos marcos muy claros tanto en los aspectos legales normativos, como en los aspectos académicos, de infraestructura y, sobre todo, en condiciones básicas que garanticen la sostenibilidad de los proyectos educativos a mediano y largo plazo.

A.T. El Gobierno Nacional le apostó a lograr calidad en la educación a través de ejercicios como la Inspección y Vigilancia a las universidades. ¿Se podría determinar en cuánto tiempo contaremos con unos niveles mínimos de calidad?

P.M. Con los instrumentos de que dispone la Ley 30 de 1992 y con el ejercicio responsable del acompañamiento y la vigilancia por parte del Estado que propone el Plan de Inspección y Vigilancia, podemos pensar que a más tardar en seis años la educación colombiana ofrecerá suficientes garantías para tener un proyecto educativo de calidad.

Para lograrlo, estamos trabajando en los siguientes frentes: actualización de los registros académicos, avances en los procesos de acreditación voluntaria de programas y de instituciones -que está teniendo un crecimiento sostenido- y aplicación Exámenes de Calidad para la Educación Superior que se irán desarrollando de manera paulatina. Estamos apostándole a que el paquete de medidas estaría siendo implementado en 100% en el año 2005. Con esas herramientas, en 2006 el país debe tener un sistema de educación superior mucho más ajustado a criterios de calidad.

A.T. ¿Todo esto se puede dejar tan avanzado, que no se quede en una iniciativa de este Gobierno, sino que trascienda y se convierta en una política de Estado?

P.M. De un lado toda esta estrategia tiene su sustento en la Ley 30 de 1992. De otra parte, el Gobierno ha servido de promotor de la consolidación de lo establecido en esta Ley, siendo siempre muy respetuoso de los procesos de las comunidades académicas y de las mismas instituciones.

Es la comunidad académica la que ha sido la gestora, la promotora y, finalmente, es el Gobierno el legitimador y sancionador de estas iniciativas. En las medida en que las comunidades académicas logran sentirse parte de esos procesos se constituyen en las veedores de que la política de calidad se sostenga en el país.

Por tanto, es importante que la misma comunidad y la sociedad en general mantengan rodeado el proceso, y estén pendientes, informados de lo que está pasando de tal manera que se constituya en una fuerza para exigir una educación de calidad.