Primera aproximación a aspectos relevantes en la evaluación de la gestión: permanencia, cumplimiento de compromisos y gestión de recursos y modernización.

1. Permanencia en el cargo

Uno de los factores que favorecen la buena gestión es contar con equipos de trabajo consolidados, pues ellos continúan los procesos en marcha y valoran la información, ya que la han organizado y, en la mayoría de los casos, han avanzado en su uso. Así mismo, han tenido oportunidad de conocer y aplicar las políticas y de fortalecer la cultura de la planeación, lo que facilita el logro de las metas y la institucionalización de los procesos. La labor gerencial y el liderazgo del secretario de Educación potencian estos factores, especialmente si goza de estabilidad en el ejercicio de su cargo, un campo en el que aún hay mucho por hacer en el país.

Un seguimiento de los últimos seis años1, que corresponden a los dos más recientes períodos de alcaldes y gobernadores, efectuado por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Educación, muestra que la duración promedio de un secretario es de 14 meses, tiempo muy corto para generar círculos virtuosos en la gestión.

En el cuadro 1 puede observarse la clasificación de las secretarías, según la estabilidad de sus secretarios. Las de alta estabilidad son las que tuvieron hasta 2 secretarios, que podrían ser 1 por período de gobierno; las de media, aquellas en las que se desempeñaron entre 3 y 4 secretarios durante esos seis años; y las de baja tuvieron más de 4 secretarios.

En la primera categoría destaca Envigado; su secretaria ocupa el cargo desde enero de 1996. En la última categoría, con la mayor rotación están Guainía con 11 y Tumaco y Vichada con 12 cada uno. Es de observar que las 7 entidades clasificadas como de alta estabilidad corresponden a municipios certificados y la mayoría de departamentos (22) se encuentran en la categoría de baja estabilidad.

La estabilidad de los secretarios de Educación no varía significativamente de una región a otra, tal como puede observarse en la gráfica siguiente, en la que sobresalen los antiguos territorios nacionales con el promedio más bajo: 11 meses. (ver gráfico 1)

2. Cumplimiento de compromisos y gestión de recursos

El corto tiempo promedio de permanencia de los secretarios afecta los procesos de gestión de las secretarías, en la medida en que se interrumpen actividades, se modifican las prioridades y se efectúan cambios en los equipos de trabajo. Así lo demuestran los bajos niveles de cumplimiento de compromisos, derivados de las reuniones mensuales realizadas por el MEN, y los bajos porcentajes de proyectos que cumplen con los requisitos establecidos para solicitar recursos del presupuesto de la Nación.

Como parte de la estrategia de socializar los retos y avances de la Revolución Educativa, construir agendas conjuntas y fortalecer la consolidación de equipos de trabajo, la presente administración del Ministerio llevó a cabo, mensualmente, reuniones temáticas con los secretarios.

De allí se derivaron compromisos de envío de información al Ministerio sobre: procesos de integración institucional, poblaciones especiales y asuntos relacionados con el estudio de tipologías.

Sólo la tercera parte de las 78 entidades territoriales certificadas -Amazonas, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Guainía, Guaviare, Huila, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Vichada, Envigado, Itagúí, Sogamoso, Girardot, Tunja, Armenia, Dosquebradas, Buga, Cali, Cartago y Tuluá- cumplieron la totalidad de los compromisos adquiridos; Bello, Cúcuta, Montería, La Guajira, Nariño, Palmira y Magangué, el 9 %, no cumplieron.

Ahora bien, los recursos de Ley 21 son una fuente importante del sector, destinada a financiar la ampliación de infraestructura y dotación de instituciones que tengan educación media. Para acceder a estos recursos, cada entidad territorial debe presentar proyectos que sean viables técnicamente, lo cual requiere de equipos con capacidad técnica y cultura de la planeación, que dispongan de información confiable y actualizada.

Para el año 2003, de los 941 proyectos presentados al Ministerio para obtener recursos de Ley 21, sólo el 57% cumplió con los requisitos para ser elegibles: se formularon en la metodología adecuada, ampliaban cobertura y la entidad territorial estaba al día en el pago de aportes. De esos 536 proyectos, únicamente 285, algo más de la mitad, cumplieron los requisitos para pasar al estudio de viabilidad técnica del proyecto arquitectónico (planos, estudio de suelos, presupuesto de la obra y cronograma).

En parte, el bajo cumplimiento puede asociarse al ajuste de la metodología; pero, ante todo, deja inquietudes respecto a la capacidad de las secretarías para brindar asesoría y acompañamiento a los municipios no certificados y a los establecimientos educativos, y así dar el aval a los proyectos que presentan.

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, Cartagena y Guainía destacan: el 100% de sus proyectos pasaron para estudio de viabilidad técnica; así mismo, el 80% de los de Norte de Santander, y el 70% de los de Antioquia, La Guajira y Putumayo. El más bajo nivel lo tienen Santa Marta, Caldas y Risaralda.

3. Presentación de proyectos de modernización

La Revolución Educativa se ha propuesto mejorar la eficiencia del sector, y con este propósito diseñó una estrategia de modernización de las Secretarías de Educación (ver en este número el artículo Modernización: cogerle el paso al siglo XXI), cuyos proyectos son financiados en cada caso en un 60% con recursos del presupuesto nacional.

A comienzos de 2003, se convocaron las 78 secretarias certificadas, para presentar su Plan de Modernización, con base en una guía sobre la cual se capacitaron. Este esfuerzo implicó la organización y análisis estratégico de un volumen importante de información sobre la gestión de la entidad, sus procesos, recursos humanos, físicos y tecnológicos. Estructurar los planes conllevó el trabajo técnico de un equipo y la capacidad para ordenar, de manera pertinente, los diferentes temas relevantes que dieran cuenta del estado de desarrollo institucional de la respectiva secretaría para, en consecuencia, apoyarla posteriormente.

De las 78 entidades, un total de 71 manifestaron su interés enviando el Plan inicial. A estos planes se les hicieron observaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos; las secretarías los ajustaron para que fueran documentos sólidos que alimentaran la puesta en marcha de la primera fase del proyecto de modernización.

Contar con un Plan de Modernización ajustado a parámetros era el requisito para proceder a la firma de un convenio; en este proceso de ajustarse a los requerimientos técnicos, 16 entidades no llegaron hasta la firma de dichos convenios, quedando pendientes para la segunda etapa del proyecto, prevista para 2004.

Con el fin de suscribir los convenios, las restantes secretarías (55) realizaron ajustes que en algunos casos llegaron a cinco versiones. En la siguiente tabla se puede apreciar la clasificación de las entidades territoriales según el número de versiones del Plan, para su aprobación. Las que más rápido lo lograron, lo hicieron en la segunda versión: Medellín, Arauca, Valledupar, Lorica, Magdalena, Norte de Santander y Bucaramanga, correspondiendo al 13%: Es decir, en dichas entidades destacó la capacidad para organizar información, escribir adecuadamente el documento, atender los lineamientos metodológicos para evitar doble trabajo y ajustarse a las observaciones.

También es destacable la labor de las secretarías clasificadas con tercera versión del Plan; en tanto que aquellas que llegaron a la quinta versión (29.6%) contaron con más baja capacidad institucional para cumplir este propósito, siendo menos efectivas en la combinación de recursos frente al resultado.

1 Para el período 2000-2003 se cuenta hasta el mes de octubre.