Como en varias ocasiones lo ha manifestado el Ministro de Educación, Francisco José Lloreda Mera, el Fondo de Prestaciones del Magisterio nació con los años contados. En el momento en que se creó, no se calcularon los aportes necesarios para sostener el pago de las pensiones ni tampoco se previó un crecimiento descomunal en el gasto docente. Si bien hasta la fecha el Fondo ha atendido sus obligaciones, de no hacer una cirugía de fondo, los recursos actuales sólo alcanzarían para seis meses más.
La salida que se ha trabajado, consiste en que los maestros modifiquen, a partir de su aprobación, el monto que mensualmente aportan al Fondo de Prestaciones. Es decir, pasar del actual 13% que hacen para salud y pensiones, a un aporte similar al de la Ley 100, (26.5%).
La idea con este incremento es garantizarle a los maestros una pensión similar a la que reciben actualmente. Para que ésto sea posible, estudios actuariales estiman que la edad de retiro debe ser de 60 años, con una cotización para pensión de 17% a lo largo de su vida laboral. Con este incremento se lograría aliviar la crisis.
Esta solución implica una mayor contribución de los maestros, pero también exige un esfuerzo grande por parte del Estado. Existe la voluntad para hacerlo, siempre y cuando se logre un acuerdo con FECODE que permita que el Fondo sea viable a futuro. "No tendría sentido mantenerlo con un respirador artificial", dice el Ministro Lloreda.
Alternativas de solución
Otra de las alternativas para contribuir a la solución del déficit y de las fallas estructurales del Fondo, tiene que ver con la concurrencia de pensión y salario. Es decir, la posibilidad que tienen los docentes hoy en día, de pensionarse y continuar laborando y recibiendo su salario, a partir de los 55 años. Este tema, espinoso por cierto, es estudiado sin que se descarten estímulos más razonables durante la carrera docente, en vez de la concurrencia actual. También se contempla modificar la manera como se dirige hoy el Fondo, con el fin de solucionar los inconvenientes en los procesos de toma de decisiones.
Una comisión integrada por un representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP), uno del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio de Educación, y tres representantes de Fecode estudian la anterior alternativa. Esta comisión se reúne una vez por semana, e informa al Ministro y al Comité Directivo de FECODE.
Si a mediados de marzo existe un acuerdo, se presentaría un proyecto de ley, diferente de la Ley General de Pensiones que trabajan los Ministerios de Hacienda, Trabajo y el DNP. Si no hay acuerdo, el tema pasaría a ser parte del proyecto general de pensiones.
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