La inclusión de la población con discapacidades en la escuela común está en el corazón de la Revolución Educativa.

Más de 392.000 colombianos entre 5 y 18 años presentan algún tipo de discapacidad; de ellos, 270.593 asisten a alguna institución educativa (censo 2005). A pesar de los avances logrados entre 2002 y 2006 en materia de atención para estas poblaciones, es necesario mejorar los mecanismos de acceso y permanencia para lograr una oferta pertinente y de calidad, en igualdad de condiciones con sus pares.

La Ley General de Educación establece que la educación para personas con limitaciones es parte integrante del servicio público educativo y, por lo tanto, los establecimientos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que posibiliten su inclusión educativa y social.

Además, se busca sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente a padres y madres de familia, sobre la importancia de enviar a sus hijos a la escuela de su comunidad, desde la primera infancia. El sistema educativo ha avanzado en una oferta pertinente para estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down, autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular, y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos, entre otros. De otra parte, se trata de hacer visible en quienes no presentan estas condiciones y que comparten los espacios de aprendizaje, el reconocimiento y la valoración de las diferencias, generando conductas de respeto, solidaridad y amistad.

El Ministerio es consciente de que el éxito de una política de inclusión educativa requiere que las instituciones revisen sus procesos de gestión y realicen las transformaciones necesarias, cuenten con servicios de apoyo, adecuen las prácticas educativas, actualicen a los docentes, y promuevan en los planes de mejoramiento estrategias de inclusión y soporte para todos los estudiantes, prestando especial atención a quienes presentan mayor riesgo de ser excluidos.

Esto significa transitar de un modelo de integración escolar a otro de educación inclusiva, que dé respuesta a la diversidad, reconozca y valore al otro; que se ocupe de educarlos con pertinencia en una institución abierta y flexible; que acoja a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, para que niños, niñas y jóvenes de una comunidad puedan compartir una experiencia educativa común, permitiéndoles aprender juntos y desarrollar sus competencias básicas, ciudadanas y laborales.

Desde el enfoque de inclusión se prioriza la calidad de la educación y se parte de las necesidades y particularidades de cada estudiante, se adoptan modelos pedagógicos flexibles y participativos, didácticas y materiales relevantes, y se promueve la participación de las familias y la comunidad en los procesos de gestión y formación que se dan en la escuela.

Para ello, el Ministerio de Educación Nacional está orientando a las secretarías de educación con el fin de que los estudiantes con discapacidad y sus familias sean informados sobre la oferta educativa, de tal forma que estos niños, niñas y jóvenes accedan desde muy temprana edad a los distintos niveles y modalidades educativas en todo el país, y que la escuela se convierta en un lugar de oportunidades al alcance de todos. Compete entonces a las secretarías de educación organizar y dar a conocer la oferta desde la primera infancia hasta la educación media, buscando una articulación con la educación superior y con diversas entidades cuando así se requiera para que, al educarse, puedan ingresar al mundo del trabajo, ser productivos y autónomos.

La meta de la Revolución Educativa para el año 2010 es que todas las entidades territoriales hayan organizado una oferta educativa plural y flexible, implementando modelos y didácticas pertinentes para educar con calidad a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se reconocen las que presentan necesidades educativas especiales.

Esta es otra faceta de nuestra transformación: una forma de garantizar el derecho de todos los colombianos a la educación y de continuar avanzando en el propósito de ni uno menos por fuera del sistema.