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Origen del Observatorio Laboral para la Educación

Dada la heterogeneidad de la oferta de educación superior en el país, el Estado ha emprendido en los últimos años iniciativas tendientes a garantizar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad, tanto de las instituciones de educación superior como de los programas que estas ofrecen.

La dinámica, que ha derivado en una disciplina de autorregulación muy efectiva, ha sido centralizada desde el año 2003 por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, cuyo eje ha sido la evaluación de los estudiantes, de los programas académicos de pregrado y postgrado que se ofrecen, y de las instituciones como tales. El Sistema tiene como organismos asesores al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, a la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES y al Consejo Nacional de Acreditación, CNA.

Sin embargo, el aseguramiento de la calidad no fija su atención únicamente en los estudiantes, programas académicos e instituciones, también está al tanto de la formación de recursos humanos con las competencias para soportar los requerimientos del sector productivo, lo que implica fomentar y fortalecer la educación superior (Técnica profesional y Tecnológica y Profesional universitaria) en especialidades y áreas de formación prioritarias para el empresariado.

Precisamente allí entra en la escena el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), un sistema de información que al hacerle seguimiento a los graduados en el mercado laboral (2001-2006) se convierte en un insumo para conocer el capital humano disponible en el país y las tendencias de demanda de las diferentes profesiones en el mercado laboral. Al tiempo, contribuye al mejoramiento de la calidad y la pertinencia de los programas ofrecidos y orienta las decisiones de inversión en el sector educativo.

De esta forma, el Observatorio Laboral para la Educación se articula a las recomendaciones del documento Visión Colombia II Centenario, entre las cuales están la necesidad de que existan informes periódicos sobre la empleabilidad de los egresados de la educación superior, que esté a disposición del público información sobre los requerimientos del sector productivo en el mediano plazo y que se estimule la creación de programas de educación superior como respuesta directa a las necesidades del sector productivo y social.

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