Como sucede casi siempre, la ley tiene un interés noble, pero peca al presumir la buena fe de los designados como evaluadores. Quizá un mecanismo de auditoria o control POR FUERA DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN, como por ejemplo desde los gremios o el sector privado permitan que las evaluaciones no sean otro trámite más. O lo que es peor sirva para conciliabulos y triquiñuelas institucionales.